Ha pasado algo más de un año desde la tragedia del 5 de noviembre de 2022 cuando 86 viviendas se cayeron en el municipio de Piojó producto de una falla en el terreno que hizo colapsar sus estructuras. Unas 150 familias resultaron damnificadas.

Exactamente ha transcurrido un año y 18 días de la tragedia y los damnificados no ven una solución a la vista. De remate, no reciben los subsidios de arriendo con los que se comprometió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 

“La intervención de la Unidad de Gestión del Riesgo en el municipio de Piojó es un verdadero desastre porque así como está ocurriendo en Mocoa,  que lleva siete años y medio, y todavía no se han podido terminar esas intervenciones, está ocurriendo exactamente en Piojó”,  dijo el Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, en una mesa de seguimiento a la reconstrucción de esa población.

Señaló que por esta situación, “hoy advertimos que Piojó va camino a convertirse en un segundo Mocoa, en términos de lo que es el impacto del tiempo y la atención a la familia”.

Cuestionó el papel de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo porque “le deben tres meses de arriendo, agosto, septiembre y octubre, y noviembre que está terminando que no se ha cancelado”.

“A pesar de que se compró un lote por valor de 1.250 millones de pesos, donde hay comprometidas 14 hectáreas para la construcción de las viviendas, no hay un diseño definitivo y concertado con la comunidad que permita establecer las etapas iniciales de adecuación o inicio de obras para que la comunidad pueda retornar a sus lugares que son las viviendas”, declaró Zuluaga.

El funcionario expresó su molestia porque a la audiencia que convocó la Contraloría, no asistió ningún funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD. 

“Es que aquí hubo 86 familias colombianas que merecen el respeto y que merecen la atención del Gobierno Nacional”, finalizó.